El Derecho y la Cuarta Revolución Industrial: Desafíos Regulatorios en la Era de la Innovación Tecnológica

El término “Cuarta Revolución Industrial” fue acuñado a inicios de la década de 2010, pero su uso se popularizó a partir del libro "La Cuarta Revolución Industrial" publicado en 2016 por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial.

Se le llama "revolución" porque, al igual que las anteriores (Primera, a finales del siglo XVIII y principios de XIX; Segunda, a finales de siglo XIX a principios de siglo XX; y Tercera, a mediados del siglo XX), está causando un cambio radical en la manera en que vivimos y trabajamos, alterando profundamente las estructuras económicas, los sistemas de producción y las dinámicas sociales.

Esta nueva revolución industrial se caracteriza por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, incluyendo la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la biotecnología, el Internet de las Cosas (IoT), la impresión 3D, y la computación cuántica, entre otros. Estas tecnologías están transformando no solo la producción y los modelos de negocio, sino también aspectos fundamentales de la sociedad, como la comunicación, la salud, la educación y la seguridad.

Schwab indica que lo que distingue a esta revolución de las anteriores no es solo el uso de nuevas tecnologías, sino su velocidad, su crecimiento exponencial en lugar de lineal, el alcance y el impacto sistémico con que está transformando todas las industrias y todos los aspectos de la vida humana.[1]

Si bien la Cuarta Revolución Industrial posee el potencial de generar beneficios significativos, plantea desafíos inéditos para los marcos legales actuales. A medida que tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain y la biotecnología se integran en la vida cotidiana, surge la necesidad urgente de revisar y adaptar las normas y reglamentos vigentes para hacer frente a los nuevos riesgos y oportunidades, por las implicaciones que tienen en la protección de derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad y la seguridad, a la vez que se fomenta la innovación. Además, estas innovaciones traen consigo preguntas complejas sobre la responsabilidad legal en escenarios donde las decisiones críticas son tomadas por algoritmos o máquinas autónomas.

A continuación, exponemos diversas reflexiones sobre este tema, priorizando en las mismas la idea de que, a los fines de garantizar la innovación y el desarrollo, se requieren normativas que minimicen costos transaccionales, eviten barreras de entrada y a la vez, no generen una sobre-regulación sino más bien procuren una mínima intervención estatal.

Velocidad de la Innovación y Flexibilidad Regulatoria

La innovación tecnológica, que ha sido indudable motor de progreso económico, requiere un entorno regulatorio que promueva la competencia y evite la creación de barreras que limiten la entrada de nuevos actores al mercado, por lo que para su desarrollo se recomienda una mínima intervención estatal. A su vez, la rapidez con la que surgen nuevas tecnologías supera la capacidad de los marcos legales existentes para adaptarse.

Autores como Friedrich Hayek han sostenido que la planificación central y la regulación excesiva limitan la capacidad del mercado para descubrir nuevas soluciones y adaptarse a cambios rápidos[2].  Así, la velocidad con la que estas tecnologías emergen y se desarrollan plantea la necesidad de un enfoque regulatorio flexible y de rápida adaptación. Una intervención mínima permite que el mercado determine qué tecnologías prosperan y cuáles no, sin la distorsión que podría causar una regulación anticipada y posiblemente desfasada.

Por su parte, Robert Nozick, en su obra "Anarchy, State, and Utopia"[3], argumenta que el estado debería ser un "mínimo" estado, con funciones limitadas a la protección de los derechos básicos de los individuos, dejando la mayoría de las decisiones económicas y sociales en manos de los ciudadanos. Aplicado a la Cuarta Revolución Industrial, este principio sugiere que la intervención estatal debería restringirse a asegurar que los derechos fundamentales de los individuos no sean violados por las nuevas tecnologías, pero sin entorpecer la libertad de los actores privados para innovar y competir en el mercado.

A esto sumamos los pensamientos de Milton Friedman, respecto a que los mercados libres son los mecanismos más eficientes para la asignación de recursos, donde la intervención estatal tiende a generar ineficiencias y a distorsionar los precios y la competencia.[4]

Uso de la Inteligencia Artificial en la práctica jurídica

Poco a poco la inteligencia artificial (IA) ha ido insertándose y transformando la práctica jurídica. Herramientas como los sistemas de análisis predictivo y los asistentes legales basados en IA permiten a los abogados analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord, mejorando la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones.

Ahora bien, el uso de la IA conlleva riesgos, que requieren tomar las precauciones apropiadas. En este sentido, la IA puede introducir sesgos en los sistemas de justicia, especialmente si los algoritmos no son transparentes o están entrenados con datos sesgados. Al respecto, un estudio de la Universidad de Georgetown[5] advierte sobre el peligro de que los algoritmos perpetúen desigualdades estructurales si no se regulan adecuadamente. Es crucial por tanto que los juristas comprendan el funcionamiento de estas tecnologías para garantizar que su implementación no socave los principios de justicia y equidad.

Otro riesgo asociado a la IA es la autoridad para recabar datos de usuarios de plataformas virtuales, para lo cual les recomendamos leer nuestro análisis titulado “El consentimiento del usuario en plataformas virtuales que utilizan inteligencia artificial: ¿qué significa realmente?”[6]  https://www.iomg.edu.do/post/el-consentimiento-del-usuario-en-plataformas-virtuales-que-utilizan-inteligencia-artificial-qu%C3%A9-si

También citamos el riesgo de veracidad de la data a ser analizada, respecto al cual solo queda apelar al buen juicio y profesionalidad de los juristas, que están llamados a verificar la fuente de la data y su autenticidad.

Desafíos de la Protección de Derechos

En sentido general se entiende que la protección de derechos fundamentales, tales como la privacidad y la igualdad, es un área crítica de la Cuarta Revolución Industrial, en un entorno dominado por el uso intensivo de datos y algoritmos, y donde los datos personales se han convertido en un recurso muy valioso y apetecible.

¿Cómo logramos balacear entonces la libertad de innovación con la protección de la privacidad y la igualdad? ¿Cómo regulamos lo fundamental sin excedernos o caer en una sobre-regulación o en ineficiencias?

Podemos aplicar las teorías del economista Ronald Coase, especialmente su trabajo sobre el Teorema de Coase, en el que sugiere que, en presencia de derechos de propiedad bien definidos y costos de transacción bajos, las partes privadas pueden negociar y llegar a soluciones eficientes sin la necesidad de intervención estatal significativa.[7]

En el caso de la privacidad, esto se traduce en derechos de propiedad sobre los datos personales. Si los individuos tienen derechos claramente definidos sobre sus datos, podrían negociar directamente con las empresas sobre el uso de esa información, estableciendo acuerdos que reflejen sus preferencias sobre la privacidad. Mecanismos de consentimiento informado aportaran de manera beneficiosa a esa dinámica.

Apuntando a esa teoría, podemos indicar también la relevancia de las soluciones de mercado que surgen de manera orgánica.  En ese sentido, las soluciones de mercado como seguros de privacidad o de protección de datos, que actualmente son ofrecidos por empresas aseguradoras europeas, así como compensaciones económicas por el uso de datos, podrían proporcionar una manera eficiente de proteger estos derechos fundamentales sin recurrir a una regulación gubernamental excesiva que podría llevar a ineficiencias o a la rigidez del mercado. 

Si bien es necesaria cierta regulación para proteger los derechos de los individuos, esta no debe ser excesiva al punto de impedir el progreso tecnológico. En este sentido, un marco regulatorio eficiente debe centrarse en la transparencia y la responsabilidad, permitiendo a las empresas innovar mientras se asegura que los derechos de los usuarios estén salvaguardados.

Externalidades y Costos Sociales

La Cuarta Revolución Industrial no solo trae consigo avances tecnológicos, sino también externalidades y costos sociales que deben ser gestionados cuidadosamente. Las externalidades negativas, como la pérdida de empleos debido a la automatización, la creciente desigualdad económica o los impactos ambientales de nuevas tecnologías, son desafíos que el derecho debe abordar sin frenar la innovación.

Desde una perspectiva del análisis económico del derecho, la regulación debe diseñarse para internalizar estas externalidades, es decir, asegurarse de que los costos sociales y ambientales sean asumidos por quienes los generan o quienes están en mejor posición de evitarlos, en lugar de ser externalizados a la sociedad en general. Por ejemplo, en el caso de la automatización y la inteligencia artificial, una posible medida podría ser la implementación de incentivos fiscales para empresas que inviertan en la re-capacitación de trabajadores desplazados o que adopten tecnologías sostenibles.

El principio de mínima intervención estatal sigue siendo central, pero con un enfoque en cómo las políticas regulatorias pueden corregir las fallas del mercado sin imponer cargas innecesarias que puedan sofocar el dinamismo económico. Aquí, el derecho tiene un rol crucial en equilibrar los intereses privados con los bienes públicos, asegurando que las innovaciones tecnológicas contribuyan al bienestar general y no solo al beneficio particular.

Adaptabilidad Regulatoria

La adaptabilidad del marco regulatorio es clave en un entorno donde la tecnología cambia rápidamente. Las regulaciones tradicionales, a menudo rígidas y lentas de implementar, pueden quedar obsoletas rápidamente, creando ineficiencias y limitando la capacidad del mercado para ajustarse a nuevas realidades.

Un enfoque regulatorio adaptativo se basa en la idea de "regulación por experimentación", donde las normativas son probadas en entornos controlados antes de su aplicación generalizada (“sandbox regulatorio”), permitiendo ajustes rápidos en respuesta a nuevos desarrollos.

Otra opción es el diseño de marcos regulatorios basados en principios, en lugar de reglas prescriptivas, lo cual puede facilitar una mayor flexibilidad. Estos marcos permiten a las empresas y a los reguladores adaptarse a las circunstancias cambiantes sin necesidad de rehacer las leyes cada vez que surge una nueva tecnología.

Ahora bien, la adaptabilidad no debe comprometer la certeza jurídica ni la protección de derechos fundamentales. Por lo tanto, cualquier marco regulatorio adaptativo debe ser transparente, predecible y estar diseñado para minimizar la incertidumbre legal que podría disuadir la inversión y la innovación.

Conclusión

La Cuarta Revolución Industrial plantea desafíos importantes, y al abordarlos es esencial considerar un enfoque equilibrado donde no solo se promueva la innovación, sino también se protejan derechos fundamentales, minimizando las interferencias innecesarias en el mercado o la sobre-regulación diseñando a su vez regulaciones que sean lo suficientemente eficientes, flexibles y adaptables para seguir el ritmo de la tecnología.

Fuentes:

1. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.

2. Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. University of Chicago Press.

3. Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books.

4. Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.

5. Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics.

6. Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2019). Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities. Cambridge University Press.

[1] Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution (p. 1). Crown Business.

[2] Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. University of Chicago Press.

[3] Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Basic Books.

[4] Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.

[5] Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2019). Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities. Cambridge University Press.

[6] Melo, M. (2024). El consentimiento del usuario en plataformas virtuales que utilizan inteligencia artificial: ¿qué significa realmente? Blog Thinking Development. Instituto OMG

[7] Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3(1), 1-44.